LANCASTER COUNTY, Pa. — El miércoles la Policía Estatal de Pensilvania anuncio que un exempleado del Departamento de Transporte de Pensilvania en el condado de Lancaster ha sido acusado de usar su puesto para facilitar un esquema de fraude que permitía a los conductores no elegibles operar vehículos motorizados.
Angelo Carrion, de 66 años de Lancaster, enfrenta 17 cargos de soborno en asuntos oficiales, un cargo de delito grave de robo por engaño, un cargo de delito grave de uso delictivo de una instalación de comunicación y 17 cargos de delito grave más 35 cargos de delito menor de manipulación registros públicos o información.
Los cargos fueron presentados el miércoles.
Los investigadores dicen que Carrion trabajaba como examinador asistente de licencias de conducir en dos centros de licencias de conducir del condado de Lancaster en el momento de los presuntos delitos. Está acusado de solicitar dinero a los clientes a cambio de su ayuda con las pruebas de conocimiento.
Las acciones de Carrion permitieron a los clientes recibir permisos de aprendizaje y posteriormente, licencias de conducir, según una denuncia penal presentada por la Unidad de Investigaciones de Fraude de Vehículos de la policía estatal.
Carrion fue empleado de PennDOT en el Regency Square License Center en el municipio de East Hempfield y en el Lancaster East License Center en el municipio de East Lampeter en el momento de los presuntos delitos. Según las autoridades, el renunció después de que la Oficina de Gestión de Riesgos de PennDOT descubrió irregularidades con 268 transacciones de licencias o tarjetas de identificación procesadas por Carrion entre octubre de 2021 y marzo de 2022.
Las irregularidades incluyeron patrones de prueba inusuales, solicitudes incompletas y la ausencia de los documentos requeridos, según la policía. Muchos solicitantes eran inmigrantes, pero sus solicitudes a menudo carecían de verificación de su estatus migratorio o de ciudadanía.
Según la denuncia en muchos casos, los investigadores de PennDOT determinaron que los solicitantes reprobaron los exámenes de conocimientos varias veces, pero aprobaron cuando Carrion administró la prueba.
La denuncia también dice que la Unidad de Investigaciones de Fraude de Vehículos contactó a los solicitantes en los casos en que se sospechaba de un delito penal. Un total de 35 solicitantes respondieron a las entrevistas policiales.
De acuerdo con la policia, la investigación determinó que Carrion explotaba a clientes de habla hispana, en particular inmigrantes, y los obligaba a darle pagos en efectivo a cambio de su ayuda en las pruebas.
Los solicitantes supuestamente le dijeron a la policía que le pagaron a Carrion entre $20 y $350 por su ayuda con las licencias de conducir y las licencias de conducir comerciales.
Las autoridades afirman que muchas de las personas dijeron que Carrion los llevó a una habitación privada y les administró pruebas en papel que, según la política de PennDOT, deberían haber sido leídas a las personas en lugar de proporcionarles la copia física.
La policía dijo que Carrion también proporcionó respuestas a los solicitantes.
Las autoridades dijeron que todos los clientes en esta investigación estaban en los EE. UU. legalmente y, por lo tanto, eran elegibles par a solicitar una licencia de conducir.
Según la policía, muchos de los clientes de Carrion, ya sea que fueran entrevistados por la policía o no, se les pidió que se sometieran a pruebas nuevamente para asegurarse de que poseían el conocimiento y las habilidades de un conductor seguro. Muchos no pasaron el proceso de reevaluación.
Después de su lectura de cargos, la fianza de Carrion se fijó en $75,000 sin garantía.
